“Tras el final de la agresión aérea israelí el 21 de mayo, combatir la propagación del coronavirus en la Franja de Gaza se ha vuelto cada vez más difícil debido a una mayor escasez de instalaciones y equipamientos”, dice a Efe Ahmad Jenaina, director del departamento de medicina preventiva del Ministerio de Sanidad del enclave.

Si hasta hace algunas semanas esa escasez se debía, al menos en parte, a las dificultades fruto del bloqueo impuesto por Israel desde 2007, esta “mayor escasez” responde a la inmensa destrucción causada por el conflicto armado que tuvo lugar en las últimas semanas.

La consecuencias de esta escalada, que hasta ahora se medían sobre todo en cifras de muertos (al menos 255 en Gaza y 13 en Israel), de edificios destruidos y de pérdidas económicas millonarias, cuentan ya con un nuevo indicador: los contagios de coronavirus.

El ratio de infecciones en la Franja es de 5.200 por cada 100.000 habitantes, cuatro veces más que el de la India, uno de los países más afectados por la pandemia en estos momentos, según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA).

El rastro de destrucción de la escalada bélica que terminó hace una semana añade munición a la casi permanente crisis sanitaria de la Franja, superpoblada -con más de dos millones de palestinos-, bloqueada desde hace 15 años por Israel, asediada por la covid-19 y amenazada por un nuevo repunte de contagios.

DESPLAZADOS Y HACINADOS

Según Jenaina, el aumento en la propagación del virus desde este conflicto ya alcanza el 30 % en comparación con los días previos al comienzo de los cohetes y los bombardeos, un incremento que se explica por la cantidad de personas desplazadas de sus hogares a causa de los ataques, que de acuerdo a cifras de la ONU ya superan los 70.000.

Muchas de ellas se trasladaron a casas de familiares tras sufrir daños en sus hogares o después de que edificios cercanos recibieran avisos de demolición, mientras que otras recibieron asilo en escuelas pertenecientes a la UNRWA, lo que ha elevado el hacinamiento en espacios cada vez más reducidos.

“Las familias desplazadas que acudían a las escuelas de UNRWA, permanecían allí sin ninguna medida de precaución que impida la propagación del coronavirus entre la gente”, explica Jenaina.

Otros expertos en el enclave mencionan que además del hacinamiento, la disminución de las pruebas durante la reciente escalada también contribuyó al aumento en los contagios.

“Desafortunadamente, muchos pacientes que sintieron síntomas de coronavirus tenían miedo de salir de sus hogares y venir a realizarse un PCR por temor a las bombas de los aviones de combate israelíes”, menciona a Efe Sanabil Abu Tawila, director del departamento de pandemias del Ministerio de Sanidad del enclave, que enfatiza que a pesar de los ataques “las clínicas y centros médicos de Sanidad permanecieron abiertos las 24 horas”.

Un portavoz del ministerio confirmó a Efe que estos ataques destruyeron 24 instituciones médicas en la Franja, mientras que otras resultaron gravemente dañadas.

LABORATORIO DESTRUIDO

Uno de los centros médicos dañados fue el Al Remal, que no solo alberga oficinas de Sanidad sino también el laboratorio central del enclave, que realiza las pruebas de coronavirus y suministra las vacunas de covid-19, además de proveer atención a embarazadas.

En base a esto, el ministerio pidió a la comunidad internacional más de 64 millones de dólares en equipos médicos, medicinas y máquinas para unidades de cuidados intensivos, algo que su portavoz describió como “necesidades urgentes”.

Tras el ingreso esta semana de un cargamento de más de 46.000 vacunas contra el coronavirus donadas por la Organización Mundial de la Salud, Gaza ha recibido hasta el momento casi 130.000 dosis y cuenta con alrededor de 39.000 personas vacunadas, menos del 2 % de sus habitantes.

Si bien el pico de contagios del pasado mes de abril -causado por la rápida propagación de la variante británica- había mermado en las últimas semanas, un aumento de casos producto de la reciente escalada podría condenar a la Franja a una nueva fuerte oleada de la pandemia, que agravaría aún más su endémica crisis humanitaria.

Cerca de 50 empleados de los museos de la Ciudad del Vaticano han enviado una incendiaria carta a la administración del Estado en la que amenazan con llevar a la Santa Sede ante los tribunales si no se modifican las precarias condiciones de trabajo.

“Eminencia reverendísima, las condiciones de trabajo atentan contra la dignidad y la salud de cada trabajador. Es evidente la mala gestión, que sería aún más grave si obedeciera a la única lógica de obtener mayores beneficios”, indica la misiva, compartida por el diario italiano Corriere della Sera, y firmada por 49 empleados del Vaticano (sobre un total de 700) -entre ellos guardias de museos, un restaurador y un empleado de una librería.

Los trabajadores recurrieron a la reconocida abogada del Vaticano Laura Sgró. Según el periódico, ella envió la carta al cardenal español Fernando Vérgez Alzaga, presidente del Governatorato, el órgano que ejerce el poder ejecutivo en la ciudad-estado y del que dependen también los trabajadores de los museos. La demanda colectiva, si se llega a concretar, sería la primera conocida dentro de los muros de San Pedro.

¿Qué reclaman los trabajadores?

Básicamente, el reclamo se centra en la falta de seguridad social. “En el Vaticano no hay seguro de desempleo, no hay medidas de apoyo a los ingresos en caso de crisis o fases de desempleo total”, señala el texto.

En caso de enfermedad, por ejemplo, no hay franjas horarias para las visitas de control, por lo que los empleados tienen que permanecer en casa todo el día. “La visita puede producirse en cualquier momento. Se denuncian casos de empleados sancionados mientras estaban en el médico. Permanecer a disposición del empresario más allá de las horas es una violación de la dignidad de la libertad personal”, dice el documento.

De igual forma, se denuncia un grave incumplimiento en lo que respecta al trabajo en horas extraordinarias: “Después de seis horas de pie, hay que seguir trabajando cobrando menos”, reza el texto, “y el empleador abusa de este instrumento”. Tampoco habría criterios para la asignación de niveles y clases de méritos vinculados a la antigüedad. “Son propiedad absoluta del jefe, que los utiliza a su antojo. Reina la discriminación absoluta, un estado perpetuo de caos”, indican los trabajadores.

Las tasas sobre los vehículos eléctricos se cuadruplicarán, pasando del 25% al 100% este año, precisó la Casa Blanca a menos de seis meses para las elecciones presidenciales entre el presidente demócrata Joe Biden, candidato a su reelección, y su predecesor republicano Donald Trump.

Los aranceles de los semiconductores se duplicarán, del 25% al 50%, para 2025, añadió la Casa Blanca.

El objetivo es alentar a China a “eliminar sus prácticas comerciales desleales en materia de transferencia de tecnología, propiedad intelectual e innovación”, explicó la Casa Blanca en un comunicado.

La decisión se anunció una vez revisados los aranceles impuestos durante la guerra comercial librada entre Washington y Pekín, por la que Trump estableció aranceles sobre unos 300.000 millones de dólares en bienes procedentes de China.

Antes de publicarse oficialmente el anuncio de Washington, China ya advirtió que tomará “todas las medidas necesarias” contra la decisión y reiteró su oposición a los aumentos arancelarios “unilaterales” en violación de las normas de la Organización Mundial del Comercio, dijo en Pekín un portavoz del ministerio de Exteriores, Wang Wenbin.

Cuando llegó al poder Biden anunció que su administración revisaría los derechos aduaneros para determinar si debían continuar o no.

Un funcionario estadounidense subrayó que se mantienen y se les añaden los 18.000 millones de dólares anunciados el martes.

Más allá de los vehículos eléctricos y los semiconductores, Washington triplica los aranceles sobre algunos productos de acero y aluminio, y sobre las baterías y piezas de baterías de iones de litio para vehículos eléctricos.

La tasa arancelaria sobre el grafito natural y algunos otros minerales críticos aumentará de cero a 25%, y la de las células solares también se duplicará de 25% al 50%.

Algunos aumentos de aranceles, como los de las baterías de iones de litio que no son para vehículos eléctricos, entrarán en vigor más tarde para permitir un período de transición para incrementar la producción nacional de baterías, afirmó un alto cargo estadounidense que pidió el anonimato.

Washington acusa a Pekín de apoyar fuertemente a sus industrias en estos sectores considerados estratégicos, con importantes subvenciones que provocan una sobreproducción que las empresas chinas venden en el mercado mundial, reventando los precios. Esto impide el desarrollo de industrias competitivas.

- Medidas “simbólicas” -

Un temor compartido por la Unión Europea y otros países, como Turquía, Brasil o la India, subrayó un responsable estadounidense durante la rueda de prensa telefónica.

La administración Biden ha inyectado fondos masivos en áreas como la fabricación y la investigación de semiconductores y ha impulsado las inversiones verdes.

Pero según la principal consejera económica de Biden, Lael Brainard, Pekín impulsa su crecimiento “a expensas de otros”.

En una nota, los economistas de Oxford Economics estiman que las medidas anunciadas el martes son “más simbólicas que otra cosa”, desde el punto de vista de la economía estadounidense, y “no tendrán un impacto considerable sobre la inflación o el PIB estadounidenses”.

En cualquier caso estos aranceles pueden “reforzar las herramientas de que dispone el gobierno para acelerar la deslocalización o el +friendshoring+ (abastecerse en países cercanos geográfica o ideológicamente) de la producción de sectores considerados estratégicos”, declaró a la AFP Emily Benson, investigadora para el CSIS.

“Esto es una señal para los fabricantes estadounidenses de que la administración Biden quiere proteger la industria contra los vehículos eléctricos chinos”, afirmó a la AFP Paul Triolo, investigador especializado en China del grupo Albright Stonegridge.

El verdadero impacto para las compañías estadounidenses podría proceder de los derechos de aduana aplicados a las baterías y a las cadenas de suministro, “debido al dominio de las empresas chinas” en estos sectores, añadió.

Estados Unidos no teme que China tome represalias duras, aunque, según la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, es “posible”.

Fuente: AFP

Fuente: AFP

Las cifras de víctimas del desastre climático que golpea el pujante estado de Rio Grande do Sul volvieron a aumentar este lunes, con 147 muertos, 127 desaparecidos y 806 heridos, así como 600.000 personas que debieron abandonar sus hogares, según Defensa Civil.

Lula suspendió una visita oficial a Chile, inicialmente prevista para el 17 y 18 de mayo, ante la necesidad de “monitorear” la emergencia, según la Presidencia. Y anunció que volverá el miércoles al estado por tercera vez en pocos días.

“Es una catástrofe para cuya magnitud no estábamos preparados”, dijo el mandatario, durante una reunión con su ministro de Finanzas, Fernando Haddad, y el gobernador del estado, Eduardo Leite.

A pesar de una disminución de las lluvias, Leite urgió a los evacuados a no regresar a las viviendas, en especial en la capital Porto Alegre y sus alrededores, donde el río Guaíba puede alcanzar un nuevo récord.

“No es momento de volver a las casas todavía en las zonas de riesgo”.

La cota de este río, en cuyas riberas se ubican varias ciudades devastadas, superó los cinco metros por primera vez desde el jueves y sigue en ascenso debido a las lluvias del fin de semana. Según Defensa Civil, podría superar el pico histórico de 5,35 metros que alcanzó el 5 de mayo.